Grupos Armados en Colombia, aumentan el reclutamiento de menores para la guerra

Cambio. Hace dos semanas, en un largo combate entre la Brigada Móvil 7 del Ejército y las Farc en Picalojo, en las selvas de Guaviare, fueron dados de baja tres guerrilleros. No eran, ni mucho menos veteranos, curtidos. Eran niños de entre 12 y 15 años. Los militares no se sorprendieron, pues en el último año han registrado el aumento de menores en las filas de la guerrilla. "Estamos viendo los resultados en los campos de batalla donde los soldados descubren entre las bajas muchos menores de edad", dice el general Jorge Ardila, jefe de Desarrollo Humano de las Fuerzas Militares".


A cuatro horas de Picalojo, en El Retorno, una madre está desconsolada porque hace tres meses las Farc le quitaron a su hijo de 12 años. Una miliciana visitó varias veces la vereda donde vivían, se reunía con los niños y fue haciendo amigos entre ellos. "Les llevaba dulces, cartillas, almuerzos -cuenta la madre-. Quería reclutarlos, les enseñaba que las Farc eran la mejor opción y muchos chiquitos pensaron que les estaban prometiendo el cielo y se fugaron con la guerrillera. Otros se los llevaron a la fuerza". Decidió que lo mejor era salir de la zona con sus cuatro hijos pero no alcanzó a salvarlos a todos. "Vinieron por el mayorcito -relata entre lágrimas-. Cuando se iba me miraba como diciéndome: 'Mami, ¡ayúdame!'. No pude hacer nada y ahora rezo para que no me lo maten".


'In crescendo'

Reclutamiento paramilitar

Los indígenas

Crimen de guerra

Según un informe de la Iglesia católica, más de 500 menores de zonas rurales de Meta, Guaviare, Putumayo, Caquetá, Arauca y Vaupés fueron reclutados a la fuerza por las Farc en el último año. Y la situación se repite en Nariño y Cauca, donde las autoridades sostienen que "Están haciendo un ejército de niños". Los infantes son obligados a realizar tareas como ubicación de tropas regulares, armar y desarmar pistolas y revólveres, montar guardia en campamentos y combatir contra el Ejército. El reclutamiento de niños no es nuevo, viene dándose en forma sistemática y masiva, pese a que es un crimen de guerra por el que la guerrilla podría ser juzgada por la Corte Penal Internacional (CPI).

El promedio de edad de reclutamiento era, hasta hace poco, de 12,9 años, pero Christian Salazar, director en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, constató en una visita reciente a Guaviare y Caquetá que la edad de reclutamiento de niños está bajando. "Estamos hablando de menores de 12 años y de una edad promedio de 11,8 años -dice-. La guerrilla llega a comunidades y pide un hijo por familia, y por eso a finales del año pasado el reclutamiento fue una de las principales causas de desplazamiento porque los padres no quieren que se lleven a sus niños".

Un reciente informe de Codhes lo confirma: "El reclutamiento forzado está cambiando la dinámica del conflicto y los desplazados ahora temen represalias por no entregar a sus hijos a la guerra". Y según el informe Prisioneros combatientes (2008) de la Organización Internacional de las Migraciones, dirigido por la consultora Natalia Springer, "Si antes la población desplazada era la que usualmente servía a los grupos armados porque le quitaban los niños para sus propósitos, ahora tenemos el efecto contrario: desplazados huyendo para evitar que se lleven a sus niños".


'In crescendo'

Hace tres años, las autoridades calculaban entre 6.000 y 11.000 el número de niños combatientes. Hoy la cifra podría estar entre 14.000 y 17.000 menores, la mitad de los cuales estaría en las filas de las Farc, según un informe del Tribunal Internacional sobre la Infancia afectada por la Guerra y la Pobreza, publicado hace tres meses, en el cual Colombia figura en el quinto lugar de los países donde los grupos armados reclutan más menores de 17 años. "Uno de cada cuatro combatientes es un niño -afirma Sergio Tapia, fiscal del Tribunal-. Están utilizando niños hasta de seis años para trabajos de inteligencia, siembra de minas antipersona, transporte de explosivos". Agrega que esta cifra se dispara porque "los actores del conflicto armado mutan, se transforman en bandas criminales, se retroalimentan con alianzas y operan como carteles del narcotráfico".

Según ese Tribunal, el riesgo de reclutamiento de menores no solo es muy alto en el sur y oriente del país, también en Chocó, Antioquia, Córdoba, Santander, Cundinamarca y Valle, y en zona deprimidas de las grandes ciudades. Unicef sostiene que en 31 de los 32 departamentos hay reclutamiento forzado y que, en promedio, los niños permanecen más de dos años en las filas de los grupos ilegales.

En marzo pasado, la ONU reveló en su consejo de seguridad un informe que documenta varios casos que ilustran la magnitud del problema. "En muchos casos, los grupos armados han torturado o matado a niños por haberse resistido al reclutamiento o por intentar escaparse" (ver informe completo en Recursos relacionados). La mayoría de los menores terminan en sus filas por intimidación y en menor porcentaje para buscar sustento económico, pero de todas maneras el factor común es la pobreza, la falta de oportunidades. Así lo revela el informe Prisioneros combatientes: "Más del 50 por ciento de los entrevistados reportó no tener oportunidades de acceso a la tierra, estudio o dinero". Y un informe de la Defensoría del Pueblo sostiene que las precarias condiciones económicas y sociales -violencia doméstica, abusos, maltrato, violación, imposibilidad de empezar o seguir estudios-, y factores psicológicos -influencia de otros niños, propaganda- llevan a algunos menores a "reclutarse voluntariamente, entre comillas".

Las Farc están cobrándole a la población civil los reveses militares de los últimos tres años, sostienen sendos informes de la Defensoría del Pueblo, la ONU y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, realizados en 2008 y 2009. "Desarrollan formas de reclutamiento individual y masivo, que incluye niños, niñas y adolescentes, para suplir bajas y deserciones -dice el informe de Codhes-. Están cobrando sus derrotas militares con la población civil, dadas las retaliaciones por supuestos o reales casos de delación o información a las autoridades".

CAMBIO recorrió varias poblaciones de Guaviare. Allí las autoridades sostienen que tres guerrilleros se desmovilizan cada día. Para suplir esas deserciones, las Farc se llevan dos niños. En Calamar, El Retorno, San José y Miraflores, la guerrilla hizo un censo en las veredas. "Tienen censados cuántos niños están en la escuela, cuántos son raspachines, cuántos adultos hay, cuánto ganan los campesinos, cuántas escuelas y hectáreas de tierra hay", le dijo a CAMBIO un líder comunitario.

Pedro Arenas, alcalde de San José del Guaviare, sostiene que "instructores milicianos tratan de llevarse 'por las buenas' a niños y adolescentes, muchachos de entre 12 y 14 años de hogares numerosos", y señala que cuando las Farc saben que hay mucha pobreza "empiezan a prometer cosas o se los llevan a la fuerza si se resisten".

También hacen visitas a las escuelas. "Los profesores tienen que 'comer callados' porque ellos no piden permiso -afirma el sacerdote Luis Grajales, director del Hogar del Niño y la Niña Adolescente que acoge a infantes desplazados que huyeron del reclutamiento-. Simplemente llegan, se presentan y les enseñan a los niños 'las bellezas de la guerra' y como por su corta edad no pueden entender el riesgo que corren, se van con ellos, y a los que se resisten y quieren quedarse, los amenazan con matarlos o con matar a sus padres o hermanos. Presionado, el niño termina con camuflado".

Pero hay historias que pocos pueden contar, que son la excepción. Es el caso del colegio José Miguel López Calle, de la vereda El Capricho, a dos horas de San José. La guerrilla intentó convencer a 100 pequeños de ingresar a sus filas, pero la directora impidió que se los llevaran. "Ella está lejos de la vereda pero los niños están a salvo porque luego del incidente todo el pueblo protestó y pidió que dejaran en paz a los pequeños y las Farc desistieron de ese propósito", relata el sacerdote.

Héctor López, defensor del Pueblo en Guaviare, dice que es imposible establecer el número de niños y adolescentes que están en las Farc. "La gente tiene miedo de denunciar y muchas mamás temen que si cuentan que su hijo está en las Farc, el Ejército las señale de auxiliadoras de la guerrilla -explica López-. Aparte de que se les llevan los muchachos, someten a las familias a la ley del silencio".

Además, queda prácticamente roto el contacto entre el menor reclutado y su familia. "Según relatos de niños que pudieron huir de las Farc, al ser reclutados abandonan hasta su identidad, les asignan un nuevo nombre o alias, y los comandantes guerrilleros se convierten en sus nuevos padres -explica el defensor-. Otros buscan de vez en cuando a sus familias, pero siguen como esclavos".

Escapar de la guerrilla es difícil y quienes logran hacerlo por lo general ya son mayores de edad que presentan graves trastornos psicológicos. Según el ICBF, hasta junio de 2009 han desertado 4.032 menores de los grupos armados, de ellos 415 el año pasado. El 27 por ciento son niñas y el 73 por ciento niños. Todos están bajo protección del Instituto. Muchos otros no han corrido con la misma suerte: en los últimos 10 años, 6.410 niños murieron en combates con el Ejército, según la Defensoría.

Para salvar a sus hijos de ser reclutados, los padres los dejan en internados o en hogares especiales que cuentan con el apoyo de Pastoral Social de la Iglesia católica, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Programa Mundial de Alimentos. Otros terminan en campamentos de desplazados o en casas de familiares.

"Desde hace tres años tomé una decisión con mis niños: cuando van a cumplir 10 años los subo en un bus y los mando a vivir donde familiares en Bogotá -le contó a CAMBIO una madre-. Así he salvado a tres". Para muchos padres, la separación, no volver a ver a sus hijos es lo mejor. Mientras tanto, muchas otras lloran en silencio a los hijos que les arrebataron las Farc.


Reclutamiento paramilitar

El reclutamiento de niños fue práctica común de las Auc y ahora de las bandas emergentes. "Nuevos narcoparamilitares necesitan mano de obra más barata, y la más fácil de explotar, usar y eliminar son los niños", dice el informe de Codhes. Fredy Rendón Herrera, 'el Alemán', ex jefe del bloque Élmer Cárdenas, admitió haber tenido en sus filas a 358 menores, pero sólo entregó cuatro. Decenas de familias en Turbo y Apartadó, Antioquia, desconocen el paradero de sus hijos reclutados por las Auc con mentiras. El caso está en manos del Tribunal Internacional sobre la Infancia afectada por la Guerra y la Pobreza y del consejo de seguridad de la ONU.



Los indígenas

Estos menores no escapan al problema. En Barrancón, a 20 minutos de San José, 200 indígenas desplazados de la etnia hiw (guayaberos) viven hacinados desde hace un año cuando las Farc los sacaron de la selva de Macuare. "Nos declaramos en resistencia y nos mataron a dos -cuenta Antonio, capitán de la maloca indígena-. Para que no pudiéramos salir nos rodearon con minas". En la huida explotaron minas y murieron tres niños de ocho meses, 3 y 4 años.

En Vaupés, un reporte del Consejo Regional Indígena dice que 42 menores de las 24 etnias fueron reclutados por la guerrilla. Los cubeo y los yuruti son los más afectados, con 19 y 11 casos respectivamente. "Los reclutadores abordan a los jóvenes en las fiestas de sus comunidades y les prometen zapatos, comida, ropa y dinero. En el transcurso de la noche, cuando están en la toma de la chicha, les hacen prometer el ingreso a sus filas y vuelven al día siguiente a llevarlos; en caso de negativa, amenazan a la familia".



Crimen de guerra

El Tribunal Internacional sobre la Infancia afectada por la Guerra y la Pobreza pidió a la comunidad jurídica internacional que Colombia sea el segundo proceso en el mundo sobre reclutamiento de niños -después del juicio contra el congoleño Thomas Lubanga- y que lo presente a la oficina del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) como crimen de guerra, según lo contemplado por el Estatuto de ese tribunal.

La petición busca prevenir los crímenes contra la Humanidad en las futuras generaciones de niñas y niños de Colombia y si la CPI decide abrir el capítulo Colombia sobre el reclutamiento de menores de edad sería histórico. El artículo 1º del Estatuto de Roma dice que la CPI está "facultada para ejercer jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional".

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Hernán Giraldo Serna Responsable de violar a 19 niñas

Verdad Abierta. Martes, 07 de Julio de 2009. La Fiscalía imputará cargos contra un ex jefe paramilitar por haber cometido presuntamente abuso sexual contra niñas menores de 14 años. Se busca que este caso sea considerado un delito de lesa humanidad.
Una investigación adelantada por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía desde febrero del 2009 encontró que en varios municipios del Magdalena el ex jefe paramilitar Hernán Giraldo Serna tiene registrados 19 hijos cuyas madres eran menores de edad en el momento de dar a luz.

Según lo que encontró la Fiscalía, seis de las madres de los hijos de Giraldo Serna, tenían menos de 14 años. Una de las niñas abusadas por el ex cabecilla del frente Resistencia Tayrona de las autodefensas tenía 12 años en el momento del parto.

Lo que más llamó la atención a los investigadores de la Fiscalía es que antes de iniciar la búsqueda de información sobre ese delito, no había ninguna denuncia en contra de Giraldo Serna como responsable del delito de abuso sexual de menores de edad.

Hernán Giraldo Serna, quien fue el cabecilla del Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas, llegó a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1976 y desde entonces se dedicó a actividades ilegales y formó un ejército privado.

Años más tarde, en los ochenta, conformó el bando armado antiguerrillero “Los Chamizos” junto a su ex socio Adán Rojas.

Según la revista Semana este grupo dominó la Sierra por casi veinte años, hasta que en el 2000 se soltó una fuerte pelea interna entre Rojas y Giraldo por el control del narcotráfico y que dejó varios civiles muertos y heridos. Carlos Castaño entró en la pelea apoyando a Rojas hasta que en el 2001, luego de varias explosiones y atentados en Santa Marta, llegaron al acuerdo que creó el Frente Resistencia Tayrona con Hernán Giraldo como su comandante y alias “Jorge 40” como su jefe militar. Este grupo paramilitar alcanzó a reclutar 1.200 hombres y mujeres.

En el 2006 se desmovilizó después de negarse por un año al proceso de Justicia y Paz, debido a su temor de ser extraditado. Desde el 2004 está acusado de narcotráfico por el Tribunal Federal del Distrito de Columbia.

Una de las perversiones de Hernán Giraldo eran sus gustos por las menores de edad y por lo tanto, con el poder que le daban las armas y sus actividades ilícitas, llegaba a las veredas de la Sierra Nevada y decidía con cuales niñas quería sostener relaciones sexuales.

Algunos de sus subalternos le pusieron a Giraldo Serna el alias de 'Taladro', precisamente por sus pervesiones sexuales y por el número de hijos que tuvo, más de 35 reconocidos.

“Hay dos hipótesis, una, que los padres le entregaban las niñas a Giraldo cuando tenían entre 13 y 14 años y otra que cuando él llegaba a una vereda buscaba a las menores y abusaba de ellas”, dijo uno de los investigadores del caso.

“Se busca establecer si la conducta cometida por Giraldo Serna es un patrón de comportamiento sistemático, se busca darle un perfil de abusador sexual que le permita enmarcarse como responsable de un delito de lesa humanidad”, afirmó el investigador.

De prosperar la investigación sobre estos casos de abusos sexuales, no prescribiría la conducta y Hernán Giraldo podría llegar incluso a tribunales internacionales por casos cometidos en algunas oportunidades, hace más de 30 años.

La Fiscalía logró recoger testimonios de varios habitantes de veredas ubicadas en los municipios de Guachaca, Machete Pelado, La Estrella y Honduras, que afirmaron que Hernán Giraldo actuaba “como si fuera un señor feudal” y disponía de las menores como si fueran de su propiedad para abusar de ellas.

Este caso cobra mucha importancia porque podría quebrar una de las principales dificultades que se han presentado en las versiones libres: los ex jefes paramilitares no confiesan delitos sexuales.

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"El Ejército abrió el Catatumbo a los paras"


Semana. En los próximos días el coronel (r) del Ejército Víctor Hugo Matamoros será llamado a juicio, acusado de facilitarles a los paramilitares su ingreso a la región del Catatumbo, en Norte de Santander, donde llegaron en 1999 y cometieron varias de sus peores atrocidades. Sólo en el primer año de incursión hubo 800 civiles asesinados, muchos de ellos en masacres; un número incierto de desaparecidos, y al menos 20.000 desplazados.

El caso de este coronel se convertiría en la primera de una serie de acciones de la justicia sobre los mismos hechos, que podría involucrar al menos a cuatro generales y un coronel del Ejército, y a un coronel y un capitán de la Policía. Algunos de ellos aún son activos, o, pese a estar retirados, mantienen altos cargos en sus instituciones.

El testigo clave de este proceso accedió a hablar con SEMANA. Se trata de Mauricio Llorente Chávez, quien en 1999 era mayor del Ejército y comandante del Batallón Héroes de Saraguro, en Tibú, la puerta de entrada al Catatumbo. Llorente lleva 10 años en la cárcel y fue absuelto en dos instancias por estas acusaciones, pero la Corte Suprema, en casación, lo condenó a 40 años. El mayor, que hasta hace poco negaba su participación en estos crímenes, ahora se convirtió en el ventilador de un escándalo de impredecibles consecuencias.
La Fiscalía considera confiable su testimonio, entre otras cosas, porque coincide con versiones que han dado paramilitares desmovilizados en otros expedientes. Aun así, y aunque esta revista confirmó varios de los hechos narrados con otras fuentes independientes, y a que habló con la mayoría de los mencionados por Llorente, en esta publicación se omiten los nombres de los oficiales que aún la justicia no vincula en procesos relacionados con los seis años de presencia paramilitar en esa región.

La declaración de Llorente coincide con el anuncio del jefe paramilitar extraditado Salvatore Mancuso de que las revelaciones de la relación de su grupo con la Fuerza Pública sería un "capítulo doloroso" para el país, y un episodio de mayor calado de lo que ha significado la para-política.

Varios camiones

Una de las primeras cosas que confirma el relato de Llorente es la forma como llegaron los paramilitares al Catatumbo. En una operación sin precedentes, varios camiones llevaron desde Córdoba a unos 200 paramilitares fuertemente armados y, sin mayor obstáculo, cruzaron cinco departamentos: tenían la misión de llegar hasta La Gabarra, en el Catatumbo, el 29 de mayo de 1999. De acuerdo con versiones de desmovilizados, en la reunión de planeación participaron dos generales quienes, con Mancuso y Carlos Castaño, diseñaron la estrategia. Llorente menciona a otro general que habría solicitado información de cartografía al ahora investigado coronel Víctor Hugo Matamoros, en esa época comandante del Grupo Mecanizado Maza, batallón acantonado en Cúcuta.

Según varios testimonios, el único retén que encontró esta caravana de la muerte fue en Sardinata, en el desvío hacia Tibú. "Fueron seis camiones 'carevaca' diesel, 12 varillas los que salieron de Montería. Adelante iba una camioneta azul, y era la que abría el paso. Sólo cuando llegamos a Sardinata (Norte de Santander) un 'suiche' (subteniente del Ejército) nos detuvo. Llamó y le dieron la orden de que siguiéramos, que ya estaba todo cuadrado".

La toma del Catatumbo estuvo marcada por varias masacres. Tres de ellas son las que se consideran decisivas del ingreso para.

La primera fue ese mismo 29 de mayo. Al paso de la flotilla de camiones, los paramilitares asesinaron al menos cinco personas y las dejaron tiradas en el camino con el fin de sembrar terror. Al cruzar Tibú, pasaron por un retén de la Policía a cargo del capitán Luis Alexánder Gutiérrez Castro, según el proceso que se le sigue por estos hechos. Allí se dice que mientras los paramilitares pasaban, la Policía requisaba los vehículos particulares, y que Gutiérrez en eso recibió una llamada para alertarlo sobre la caravana, y dijo: "Ya todo está coordinado por arriba, estábamos esperándolos desde hacía 20 días". La misión de llegar a La Gabarra se truncó en el sitio Socuavo, donde la guerrilla les cerró el paso a los camiones, y hubo combates.

La segunda masacre fue el 17 de julio. Para ese momento el mayor Llorente dice que se había reunido con los paras porque decían ir referidos por el coronel Matamoros, y asegura que presenció llamadas que le hacían a éste y al coronel de la Policía a cargo del departamento. En su defensa, Matamoros expone que la zona de las masacres no era su jurisdicción, y que pese a ser de un rango superior, Llorente no estaba en su línea de mando. Esto es parte de lo que quiere que valore un juez, por lo que su defensa pidió que el caso sea llevado a juicio. Según Llorente, las cosas se facilitaron pues recibió órdenes del general a cargo de la división de enviar de gran parte de sus tropas, con lo que, sin mayor justificación, dejó su batallón debilitado.

Dice Llorente en su testimonio: "Yo planeo la incursión con David (alias del sobrino de Mancuso y quien estuvo al tanto de todas las acciones). Le dije que lo único que necesitaba era realizar un simulacro de un hostigamiento al batallón, para justificar que no podía salir a atender otras situaciones. Coordiné todo con el capitán que estaba de segundo al mando de mi batallón, que hoy es un coronel activo y que ya venía trabajando con las autodefensas. Nos reunimos con él y me dijo que lo importante era disminuir aun más el personal, por eso montamos una operación al lado opuesto del lugar de retirada de las autodefensas. Esto lo hicimos para que cuando comenzaran a investigarnos, tuviéramos cómo decir que no teníamos personal para apoyar. Nos reunimos con el capitán y 15 soldados de los más antiguos para reforzar los puestos esa noche, porque si colocábamos un soldado muy nuevo, de pronto respondía al escuchar los disparos de las autodefensas y ahí se podía formar un problema. Les pregunté a los soldados si estaban de acuerdo en que las autodefensas entraran al casco urbano, y me dijeron: 'Mi mayor, estamos con ustedes'. Ellos se quedaron en las garitas y dejarían quietos los fusiles cuando escucharan los disparos, y uno que otro haría un tiro como si estuviéramos respondiendo. Las autodefensas dispararon a un sector donde queda la pista de gimnasia, para que no le hiciera daño a nada, y el acuerdo es que mientras ellos hacían esto, las otras autodefensas harían su incursión a Tibú"

En el pueblo, los paramilitares fueron en tres camiones. Unos 65 hombres. Llegaron a la plaza principal de Tibú, sacaron a las personas de los establecimientos, y una informante que llevaban encapuchada señalaba quiénes iban a morir. Esto sucedió a una cuadra de la estación de Policía.

Pusieron a las mujeres en la primera fila y a los señalados los tiraron al suelo y les dispararon con fusil a la cabeza. "Salía sangre para todos lados", cuenta un testigo. Nueve personas murieron allí. Luego los paramilitares robaron el dinero de los negocios y se llevaron a cuatro más en uno de los vehículos. Fueron dejando sus cuerpos a su retirada, milagrosamente uno de ellos, a pesar de la gravedad de las heridas, sobrevivió y hoy desde el exilio es otro de los testigos clave.

"Hubo una tormenta impresionante -dice Llorente- y se empezaron a escuchar disparos. Se fue la luz. Todo eso ayudó para lo que iba a pasar esa noche. Inmediatamente ocurre todo, recibo una llamada de un señor de una de la alcabalas, le digo que qué pasó, me dice: 'Mayor, por acá pasaron unas personas, entre ellas una mujer'. Y le pregunte quiénes eran y me dijo que creía que eran paramilitares, pero yo le dije que las autodefensas no tenían mujeres en sus filas. Le dije que ya le iba a enviar refuerzos. Nunca los envié porque no los tenía, y fuera de eso no tenía la intención porque yo ya sabía qué estaba pasando. Le pregunté: ¿Ya pasaron por ahí, me dijo: 'Sí'. Entonces yo me dije: 'Ya pasó todo'".

La tercera masacre fue un mes después, el 21 de agosto. Sin resistencia alguna, los paramilitares finalmente lograron llegar al municipio de La Gabarra y asesinaron a 35 personas. El entonces capitán del Ejército Luis Fernando Campuzano, quien estaba al frente de la guarnición y debía proteger al pueblo, ya fue condenado por estos hechos. La Corte Suprema de Justicia revocó dos disposiciones previas, pues encontró que Campuzano retiró el retén que estaba en la entrada del pueblo, lo que facilitó el ingreso de los paras, no atendió los llamados de auxilio ni fue diligente en la persecución.

Mayor dolor

A partir de este momento, vinieron los cinco años de mayor dolor para los habitantes de la región del Catatumbo. "Luego de todo esto, las autodefensas empiezan a patrullar conjuntamente con el Batallón. Ya empiezan a causarle bajas a la guerrilla, a ocasionar combates, pero juntos", dice Llorente. Esta incursión paramilitar fue presentada como una estrategia militar contrainsurgente, pero en la práctica estaba más orientada a ejercer control sobre el negocio del narcotráfico, al sacar a la guerrilla de los cultivos y del control de las rutas hacia Venezuela. En 2002 Carlos Castaño confesó en una entrevista con SEMANA cómo el 70 por ciento de sus ingresos provenía del Catatumbo.

En 2005, esta revista reveló documentos secretos del gobierno de Estados Unidos que fueron desclasificados. En ellos el embajador de Estados Unidos de ese momento, Curtis Kamman, muestra su preocupación sobre Santander: "Argumentando tener pocos recursos y demasiadas misiones, la unidad del Ejército local se negó a combatir a los paramilitares en esa área". Sobre las primeras acciones de la incursión paramilitar de La Gabarra dice: "La oficina del Vicepresidente reportó privadamente que soldados del Ejército se pusieron brazaletes de las AUC y participaron activamente en las mismas masacres... ¿Cómo pueden ocurrir siete masacres bajo las narices de varios cientos de miembros de las fuerzas de seguridad?".

Justo por esta época se cumple una década de la incursión paramilitar al Catatumbo. Una dosis de verdad parece asomar su rostro con el testimonio de Llorente, pero faltan muchas más, y en más regiones. Mucha agua ha corrido desde ese momento y, por fortuna, es muy distinta la situación que hoy vive la Fuerza Pública. Algunos piensan que este tipo de revelaciones desestabilizan, pero la acción de la justicia y el conocimiento de la verdad por dolorosa que sea, le permite a la democracia salir más robustecida de lo que en su momento la dejaron las miopes acciones de los violentos.

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Ecuador pide corresponsabilidad a UE con problema de los refugiados colombianos

EFE. Madrid, 29 jun.- El ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa de Ecuador, Miguel Carvajal, finalizó hoy en Madrid su viaje a Europa cuyo objetivo es "visibilizar internacionalmente el problema de los refugiados colombianos en territorio ecuatoriano" y "pedir corresponsabilidad a la comunidad internacional" al respecto.
"Hemos tenido mucho apoyo a través de ACNUR (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados) por parte de gobiernos europeos y americanos, pero nos parece importante que ese nivel de cooperación sea cada vez más fuerte, porque este problema no es puntual, hay que visibilizarlo y debe haber un compromiso sostenido a nivel internacional para enfrentarlo", dijo Carvajal.

Además, el ministro explicó que desde el pasado mes de marzo, el Gobierno de Ecuador está ejecutando un plan denominado Registro Ampliado, mediante el cual pretende registrar a todos los refugiados colombianos que aún no están regularizados en el país para que puedan residir con plenitud de derechos.

Según los cálculos de ACNUR y el propio gobierno ecuatoriano, alrededor de 135.000 colombianos de los 600.000 que viven en el Ecuador, son refugiados que buscan protección internacional.

"Hasta marzo 23.000 de ellos estaban registrados, en estos meses hemos registrado 9.000 más y a final de año la cifra podría ascender a unos 50.000", precisó.

El ministro aseguró que "ha sido de interés del gobierno ecuatoriano tratar este drama del refugio porque son personas que se integran a las comunidades locales y que han de tener los mismos derechos".

"Es un esfuerzo que hace el Ecuador con unos 40 millones de dólares de inversión para cubrir sus necesidades en materias de sanidad o educación, a los que hay que sumar las cantidades invertidas en seguridad a lo largo de la frontera norte del país", explicó.

Carvajal se reunió durante esta semana en Ginebra con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y con la Comisión Europea para América Latina en Bruselas, a quienes también trasladó la situación actual de los refugiados colombianos en el Ecuador.

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Ecuador pide ayuda internacional para atender el drama de 135.000 refugiados colombianos

Ginebra, 25 jun (EFE).- Ecuador hizo hoy un llamamiento a la comunidad internacional para que se reconozca el drama humano que supone la presencia de 135.000 refugiados colombianos allí, así como el esfuerzo económico que realiza Quito para atenderlos, al tiempo que negó cualquier tolerancia con la guerrilla colombiana.
El ministro ecuatoriano de Seguridad interna y exterior, Miguel Carvajal, presentó ante la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y ante la Alta Comisaría de la ONU para los Derechos Humanos la situación que vive Ecuador, convertido en el país latinoamericano con mayor presencia de refugiados como consecuencia del conflicto interno de Colombia.
"Se trata de la situación de refugiados más importante del Hemisferio occidental, pero es poco conocida en la escena internacional. Por ello, nuestro objetivo es que se identifique este problema a nivel internacional, porque atañe a los derechos humanos, y que se reconozca el esfuerzo enorme que hace Ecuador", declaró Carvajal, en entrevista con Efe.

El ministro recordó que la mitad de los 135.000 colombianos con estatuto de refugiados "viven en la frontera norte de Ecuador con Colombia, una región pobre, y no viven en campamentos de refugiados sino en las comunidades locales".

Por ello, Ecuador pidió el pasado año un apoyo financiero de 23 millones de dólares a ACNUR para apoyar los programas de ayuda a estas comunidades de acogida y a los refugiados hasta 2011, unos fondos que, sin embargo, no se han cubierto.

"La nuestra es una política de brazos abiertos, solidaria, pero que implica gastos en salud, educación, energía. Calculamos que, por año, sólo en lo que tiene que ver con refugiados, Ecuador invierte entre 39 y 50 millones de dólares", señaló Carvajal.

A ello se suma el enorme gasto en seguridad y reequipamiento militar que ha debido hacer para frenar la entrada de grupos irregulares desde Colombia.

"La frontera norte de Ecuador ha visto agravarse los problemas de seguridad, el tráfico de armas, el narcotráfico, porque hay cerca de 30.000 hectáreas de cultivos de coca frente al Ecuador, y su procesamiento requiere de laboratorios, muchos instalados en la misma frontera, a ambos lados", señaló el ministro.

Y en el lado colombiano -agregó- hay un control de las fuerzas irregulares, las FARC, el ELN y paramilitares que se disputan el territorio, y una débil presencia del Estado colombiano.
"Hablamos de cerca de 3.000 efectivos en el mejor de los casos, y de dos puestos de control estables y dos móviles, en una frontera de 700 kilómetros, donde el 80 por ciento es selva. Es una frontera muy permeable, donde los grupos irregulares cruzan al Ecuador, son repelidos, y hay intentos de control de corredores para la explotación de narcotráfico".

"Y en esas circunstancias recibimos a los colombianos que huyen del conflicto", señaló.

Carvajal señaló que Ecuador tiene desplegados en la frontera norte a unos 7.000 efectivos permanentes, que pueden llegar a 11.000 efectivos.

"Las fuerzas armadas cuentan con 40.000 efectivos, y la mitad son conscriptos, voluntarios que según la constitución no pueden ser destinados a lugares de riesgo militar, y la otra mitad profesionales, es decir que de 20.000 profesionales llegamos a tener hasta 11.000 en esa región", afirmó.

Y mantener esa presencia militar "significa al menos 100 millones de dólares al año, aparte de las inversiones que Ecuador ha debido hacer en reequipamiento militar después del bombardeo colombiano" a un campamento clandestino de las FARC en suelo ecuatoriano en marzo de 2008, agregó.
"En el Ecuador hay una presencia territorial de las fuerzas armadas, y muchas veces del otro lado de la frontera no tenemos control militar o policial colombiano, tenemos a la guerrilla", dijo.

Y acerca de las alegaciones colombianas sobre el supuesto apoyo de Ecuador a la guerrilla, Carvajal aseguró que "se trata de un argumento político para esconder el problema que tiene Colombia. Ese argumento muestra sus propias debilidades, porque en Ecuador hay un control territorial y en Colombia no".

"El gobierno ecuatoriano ha expresado con claridad que no tolerará la presencia de ningún grupo armado irregular, y si decimos que hay tolerancia significa desconocer el problema y el esfuerzo que realiza Ecuador los últimos dos años y medio".

Y subrayó que "si Colombia conoce la ubicación de miembros de las FARC que nos la indique, tenemos un mecanismo de comunicación militar y policial permanente desde mayo de 2008", que funciona a pesar de la ruptura de relaciones diplomáticas.

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ACNUR pide a Suecia que durante su presidencia de la UE reafirme la protección de los DDHH en las políticas de asilo

Europa Press. 23 de junio, El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), António Guterres, pidió hoy a Suecia, principal destino de los refugiados iraquíes en la UE, que durante su presidencia de la Unión Europea, a partir del próximo mes, reafirme la importancia de aplicar las normas internacionales de protección de los Derechos Humanos en las políticas de asilo en el grupo.
La Unión Europea tiene previsto adoptar un programa de justicia y de asuntos internos que determinará sus políticas entre 2010 y 2014. ACNUR mencionó ejemplos negativos de algunos países de la Unión, como el reciente rechazo por parte de Italia de migrantes en embarcaciones, o como los éxitos electorales de partidos que pregonaban políticas anti-inmigrantes.

Entre otras recomendaciones, propugnó una mayor solidaridad entre las naciones europeas para que respalden a aquellas que están más presionadas por la llegada de migrantes irregulares y que pidan asilo. En ese sentido propuso una serie de alternativas, entre ellas la reubicación en otro país de la Unión de individuos reconocidos como refugiados.

Además, instó a mejorar la calidad y consistencia con las que se toman decisiones de asilo en la Unión Europea, ya que en la actualidad, las solicitudes de asilo de personas de la misma nacionalidad y con antecedentes similares, reciben respuestas diferentes según la nación en que encuentren.

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Diego Fernando Murillo Bejarano," El General Montoya Yel General Gallego se unieron con nosotros (Paramilitares) en la Operacion Orion.


VERDAD ABIERTA. El confeso narcotraficante y jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, ratificó por primera vez bajo juramento las acusaciones contra oficiales de la Policía y el Ejército que según él colaboraron con las Auc en Antioquia.

Desde su extradición a Estados Unidos, el 13 de mayo de 2008, fue su primera audiencia de versión libre ante un Fiscal de Justicia y Paz transmitida vía satélite desde la Metropolitan Correctional Center de la ciudad de Nueva York, y vista por decenas de sobrevivientes de las víctimas en una sala acondicionada en el edificio de la justicia en Medellín.

Con relación a la ‘Operación Orión’ que lanzó el estado entre 16 y 19 de octubre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín aseguró que “reitero la participación de miembros de la fuerza pública, en el caso particular de los generales Montoya y Gallego” y explicó que ese operativo oficial lo había coordinado con ambos oficiales, con varios meses de anticipación a través de uno de sus hombres, Elkin Loaiza, quien, según aseguró, actuaba bajo su orientación.

‘Don Berna’ contó que semanas antes de la ejecución de la ‘Operación Orión’, hombres del Bloque Cacique Nutibara (BCB) habían hecho inteligencia en distintos barrios de esa comuna, lo que les permitió tener la ubicación precisa de quienes ellos habían señalado como guerrilleros de las Farc, el Eln y los Comandos Armados del Pueblo (Cap) que actuaban allí. “Varios de mis hombres entraron con la fuerza pública encapuchados porque muchos de los que allí vivían los conocían”, dijo.

Para la época de la ‘Operación Orión’, el general Mario Montoya se desempeñaba como comandante de la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín, y el general Leonardo Gallego era el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Esta confesión, pero sin juramentar, ya la había hecho este jefe paramilitar el 25 de febrero de este año ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, durante su juicio por delitos de narcotráfico, donde fue condenado a 31 años de prisión. Escribió entonces entonces al juez Richard M. Berman: “Las fuerzas de autodefensa del BCN (Bloque Cacique Nutibara) llegaron a la Comuna 13 como parte de la alianza con la Cuarta Brigada del Ejército, incluyendo a los generales Mario Montoya, del Ejército, y Leonardo Gallego, de la Policía”. (ver aparte de la declaración de 'Don Berna' en Estados Unidos)

En esa declaración agregó que al BCN le fue asignada una unidad antisecuestro del Gaula para que “asistiera a sus hombres en los esfuerzos conjuntos durante la ‘Operación Orión’”, y narró que la coordinación con los militares y los policías para desalojar de la zona a las milicias de las Farc, el Eln y los Comandos Armados del Pueblo estaba bajo la responsabilidad de un hombre conocido con el alias de ‘King Kong’.

Así mismo, ‘Don Berna’ acusó a miembros de las fuerzas armadas de estar involucrados en la masacre de ocho personas que realizaron paramilitares de ‘Bloque Héroes de Tolová’ (BHT) en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Dijo que hubo complicidad con tropas del Batallón Vélez, adscrito a la XVII Brigada del Ejército, con sede en el municipio de Carepa, Urabá antioqueño. Aseveró que el mayor José Fernando Castaño, quien, según él, ordenó la muerte de los niños.

Murillo Bejarano narró que el mayor Castaño le había dado la orden a los paramilitares de que mataran “a los niños porque según él cuando crecieran serían guerrilleros”. En esa masacre fueron asesinados los menores Santiago Tuberquia Muñoz de 2 años y su hermana Natalia Andrea de 6 años; Deiner Andrés Guerra Tuberquia de 11 años; y Beyanira Areiza Guzmán de 17 años. Junto a ellos perecieron Luis Eduardo Guerra, Sandra Milena Muñoz, Alfonso Bolívar y Alejandro Pérez. Todos habían sido descuartizados.

El Fiscal de Justicia y Paz le preguntó si tenía evidencias que dieran soporte a sus graves acusaciones. ‘Don Berna’ no dio pruebas, y dijo que siempre hubo coordinación con miembros de las fuerzas armadas. “En las zonas de influencia nuestra siempre se coordinó cualquier operativo con ellas, siempre hubo un apoyo y una colaboración mutua, y en este caso no es ninguna excepción”.

Se suspende audiencia

‘Don Berna’ además dijo que dado el riesgo que corre su familia en Colombia no hablará de los casos de gran connotación política, militar y económica ante Justicia y Paz. Además, llamó la atención a este respecto, pues no sólo era una circunstancia que afrontaban su familia sino la de varios jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos en mayo del año pasado.

Al iniciar la tarde, la abogada defensora del jefe paramilitar pidió la palabra para anunciar que las dos sesiones de versión libre programadas para este miércoles y jueves deberían ser reprogramadas porque su cliente presentaba quebrantos de salud.

“Como es de público conocimiento y es de notoriedad, el señor Murillo Bejarano tiene algunos problemas físicos que causan un cansancio agravado en comparación a las demás personas; además, ha presentado problemas de tensión en los últimos días, lo que genera un agotamiento en la disponibilidad que tiene para actuar en estas diligencias de versión con toda la capacidad que requiere y la atención que requiere una diligencia de éstas”, declaró la defensora.

De inmediato, el Procurador presente en la sala de víctimas de la ciudad de Medellín reclamó pruebas del estado de salud de Murillo, toda vez que no es la primera ocasión que se excusa de las audiencias para no continuar en ellas.

“La Procuraduría considera que es necesario que haya algún crédito, alguna prueba que la defensa haya presentado acerca del estado de salud del versionado, para efectos de que se llegue a una solución de la petición que ha presentado”, sostuvo el funcionario.

El Procurador recordó que en la primera versión que se hizo en Medellín, en julio de 2007, se le habían fijado diligencias para cuatro días, pero al segundo día la defensa igualmente solicitó la suspensión por razones de salud, “la cual dio lugar a una suspensión por el término de tres meses y ello por supuesto constituye una defraudación de los intereses de las víctimas y un descrédito para todo el proceso de Justicia y Paz”, dijo.

‘Don Berna’ respondió que la Fiscalía tiene en sus archivos documentos sobre su condición física, la cual volvió a describir en esta ocasión: “tengo huellas indelebles de los atentados que he recibido, perdí la pierna derecha, tengo una prótesis, tengo todavía impactos de armas de fuego en mi espalda, tengo un proyectil a tres milímetros de la columna”.

Señaló que antes de su extradición a Estados Unidos estaba bajo tratamiento médico y luego dijo: “Sepa señor Procurador que el servicio médico aquí es muy regular, y no he tenido acceso a los servicios médicos adecuados”.

Por último resaltó el gran esfuerzo para asistir a esta primera audiencia de versión libre, pues allá no tiene ni los mecanismos, los elementos, ni acceso a la información con la cual podría contribuir a aminorar el dolor de los sobrevivientes de su accionar paramilitar.

“Hay muchas víctimas que están presentes en la salas en Colombia que saben de mi esfuerzo, que saben de mi consideración con ellas, que saben de mi contribución a aclarar muchos hechos, gracias a esto se ha logrado de una u otra forma aminorar ese dolor, no es negligencia, no es que me esté negando, pero usted sabe, señor Procurador, que con nuestra extradición se coartó la verdad”, reiteró.

Ante la propuesta del Fiscal de suspender la audiencia de este miércoles y realizar la programada para el jueves, ‘Berna’ insistió en que no podía por razones de salud. Las audiencias entonces fueron suspendidas y no se fijó fecha para una siguiente cesión.

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¿ falsos positivos'... ? ! Asesinatos a sangre fria y premeditados ¡ - Philip Alston, relator especial de la (onu) para las Ejecuciones Arbitrarias

Semana. No hay nadie más cuidadoso con las palabras que los diplomáticos. Prefieren, en lo posible, términos blandos y gaseosos; por eso son tan tímidos y aburridos los comunicados oficiales. Tienden a repetir lo obvio y lo ya sabido. Y huyen de adjetivos que puedan ser motivo de polémica o interpretaciones erróneas.

El 95 por ciento del comunicado el jueves pasado de Philip Alston, relator especial de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Arbitrarias, sobre los 'falsos positivos' siguió esa consigna. Desde que se conocieron en octubre del año pasado los asesinatos de los jóvenes de Soacha, los medios han reportado ampliamente el fenómeno. El Ministerio de Defensa tomó medidas. La Fiscalía ha actuado: varios oficiales y suboficiales están siendo investigados por esos hechos y crímenes en otras partes del país. Lo que hizo Alston fue recoger esas denuncias e incidentes y plasmarlas en un informe preliminar de cinco páginas. Sin duda, es significativo que el relator de la ONU se pronuncie sobre esas atrocidades, más aún en Colombia, donde se le da tanta relevancia a la opinión de extranjeros sobre el país.

Sin embargo, Alston fue más lejos. Primero, criticó el uso de la expresión 'falsos positivos', ya que "brinda una suerte de aura técnica para describir una práctica que se caracterizaría mejor como el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio". Segundo, dijo que los familiares supervivientes sufrían un "hostigamiento sistemático de los militares", acoso, que según Alston, incluía amenazas de muerte. Y tercero, en una frase que es motivo de análisis tanto en el gobierno como por las ONG, refutó la tesis de que las matanzas eran obra de unas "manzanas podridas". Para el diplomático, los crímenes "fueron llevados a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del Ejército".

Para el relator de la ONU, tantos hechos en tantas regiones y con la participación de tantas unidades militares no es casualidad. En otras palabras, hay algo en el sistema del Ejército colombiano que hace posible que se lleven a c abo esas actividades.

Así, el uso de la palabra "sistemática" no es fortuito. Según la definición del diccionario de Oxford ya que el texto original de Alston está en inglés, para que una actividad sea sistemática, debe haber planeación y control. Y en el mundo de los derechos humanos, esa implicación es muy grave para un Estado. Aunque Alston dijo que no ha "encontrado pruebas" de que las ejecuciones sean una política oficial, al describir el comportamiento delictivo de algunos militares como "sistemático" dejó la puerta abierta a una interpretación más severa.

Desde que se emitió la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace 61 años, ese adjetivo se ha utilizado generalmente para describir las acciones de Estados represivos (las dictaduras del Cono Sur), regímenes genocidas (el régimen del Jmer Rojo de Camboya) o de limpieza étnica (como Ruanda o la antigua Yugoslavia). Una de las motivaciones detrás de la creación de la Corte Penal de Justicia fue precisamente castigar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, que por su dimensión son el resultado de actividades "sistemáticas".

Consciente de la gravedad de lo dicho por Alston, el gobierno salió rápidamente a agradecerle el informe y resaltar los párrafos donde reconoce sus esfuerzos por afrontar el problema. Y es cierto: Alston subraya las 15 medidas adoptadas por el Ministerio de Defensa para ponerles coto a las ejecuciones. Y más importante aún para el gobierno, el diplomático destaca la "reducción significativa en la cantidad de alegatos de ejecuciones extrajudiciales registrados por la justicia militar en los últimos seis a nueve meses".

En Colombia ha sido claro hasta ahora que los 'falsos positivos' no son una política de Estado, ni son producto de decisiones que toma la cúpula militar. Es una tragedia que obedece a un esquema perverso de incentivos y a un concepto equivocado de seguridad que premia a los soldados más por el número de bajas que por la tranquilidad ciudadana que proporcione la Fuerza Pública. Lo que sí es necesario aclarar es por qué se dio en varias regiones y de manera tan recurrente.

Frente a este episodio, para la justicia penal internacional no es suficiente corregir los errores sino que los agentes estatales deben pagar por sus crímenes. En últimas esa fue la advertencia del relator de la ONU la semana pasada: si no castigan ejemplarmente a los responsables, otros lo harán por ustedes.

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Políticas de los Gobiernos europeos ponen en peligro las vidas de los refugiados - Amnistía Internacional

Europa Press. La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) advirtió hoy de que los Gobiernos europeos están mostrando un "flagrante desprecio" de sus obligaciones internacionales con los refugiados, poniendo con ello "en peligro la vidas" de las personas que intentan obtener asilo en la UE. Al respecto, denunció que los acuerdos firmados por España con varios países africanos están sirviendo "para justificar la detención arbitraria, la detención y la deportación de solicitantes de asilo y emigrantes en esos países".

"Los refugiados arriesgan sus vidas en busca de seguridad únicamente para ser devueltos en el momento en que alcanzan Europa", declaró la directora lara Europa y Asia Central de Amnistía Internacional, Nicola Duckworth, con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se celebra hoy. "Los Gobiernos deben dejar de poner en peligro sus vidas y cumplir sus obligaciones internacionales y proteger a estas personas vulnerables", añadió.

Según la organización, los países situados en los límites de Europa están "mostrando un flagrante desprecio de sus obligaciones internacionales hacia los refugiados". Entre ellos, Amnistía destaca el caso de España, cuyos acuerdos bilaterales firmados con varios países africanos están sirviendo "para justificar la detención arbitraria, la detención y la deportación de solicitantes de asilo y emigrantes en esos países".

Otro caso destacado es el de Italia, que "está interceptando a refugiados en aguas internacionales y transportándolos físicamente, sin darles la protección que necesitan, a Libia, donde los emigrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados se arriesgan a malos tratos y a ser devueltos a la fuerza a países donde se enfrentan a graves abusos de Derechos Humanos".

Por su parte, las autoridades de Grecia expulsan a los inmigrantes en sus fronteras terrestres y marítimas con Turquía "sin atender antes sus solicitudes de asilo". "Para los que entran en el país, hay muchos obstáculos legales para que los refugiados obtengan protección", agregó. Aparte, Turquía "sigue sin reconocer a las personas de fuera de Europa como refugiados, lo que implica que miles de personas se vean privadas de la protección que necesitan".

Según Amnistía Internacional, estos Estados europeos están socavando la protección a los refugiados "no sólo en sus propios países, sino en todo el mundo, enviando con ello un peligroso mensaje sobre el tratamiento a los refugiados". "Todos los países deben cumplir sus obligaciones hacia los refugiados y solicitantes de asilo no sólo en sus propias fronteras, sino en cualquier lugar en el que ejerzan algún control efectivo", concluyó.


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Dia mundial del Refugiado - 20 de Junio

FUNAR. 20 de Junio del 2009, segundo año del proclamado día Mundial del refugiado por parte de la (ONU). para mi, mi esposa y mi pequeño hijo son ya 3 años de mucho sufrimiento y bastante tristezas. el haber dejado abandonado toda una vida de sueños, de esperanzas a nuestra amada he inolvidable familia, a mi madre mi querida viejita que sufre mi ausencia y y se apesadumbra por no conocer a su nietesito, nacido aquí en caracas. cuanto mi acompañante mi esposa quien ha estado siempre a mi lado quien ha sufrido mucho mas que yo , quisiera volver a ver a su querida hermana, abrasar a su madre.
deseos de seguir escribiendo no tengo, durante tres días quise hacerlo y ahora lo hago en el mismo día mencionado, es muy bravo y dura la lucha en medio de tantas vicisitudes, las cifras las estadísticas , los planes se los dejos a los que viven de nosotros, si somos 4 millones o 6 millones de refugiados colombianos.
ACNUR-Día mundial del refugiado
hemos conocidos muchos casos suprema mente tristes de refugiados que no han tenido la suficiente fortuna de adaptarse a la gran urbe que consume en su dinamismo al que no sepa manejar la. muchos han pasado hambre, desprecio, humillaciones, explotaciones y mucho frió y temor cuando les toca dormir bajo un puente ante las miradas incisivas de lo dueño de lo ajeno.
Maria la tragedia de una refugiada
en nuestro caso particular hemos sabido encontrarnos con la marcha acelerada y de oportunidades que ofrece Venezuela en medio de un proceso revolucionario que ha tenido el suficiente tacto de brindarles atención a sus propios ciudadanos y a las comunidades refugiadas.

Hoy celebramos o mejor conmover amos esta fecha que esta llena de muchas tristeza en medio de la esperanza de que algún día mas temprano que tarde podamos encontrar la tan anhelada paz , tranquilidad que no permita vivir no en medio de esporádicas alegrías sino de la felicidad eterna de no tener que sentir miedo nunca pero nunca mas.

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