TeleSUR
El miembro del secretariado y vocero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Timoleón Jimenez, confirmó a través de un video enviado a TeleSUR, la muerte del líder y fundador de este grupo armado, Manuel Marulanda, también conocido como "Tirofijo".
En el material audiovisual, el portavoz señaló que con "inmenso pesar informamos que el 26 de marzo murió de un infarto cardíaco, en brazos de su compañera, acompañado de su guardia personal y de sus compañeros".
"Lo despedimos físicamente en nombre de los miles y miles de guerrilleros farianos" (…) "se ha marchado el gran líder", añadió.
Dando lectura a un comunicado oficial, Jiménez, se refirió a la trayectoria política de Marulanda y destacó su "liderazgo y capacidad militar", como también reafirmó que la lucha de la FARC sigue siendo la "lucha por el poder político, la lucha por una sociedad de justicia social y la lucha por el socialismo".
El vocero anunció que Alfonso Cano asumirá el lugar de Marulanda, se integra al secretariado Paulo Catatumbo, como suplentes asumirán Bertulfo Alvarez y Pastor Arape. Anunció además que la organización tiene confianza en sus principios revolucionarios "continuaremos nuestras tareas acordes a los planes", enfatizó.
Respecto de la posición de las Farc hacia los acuerdos humanitarios, señaló que "nuestras propuestas alrededor de los acuerdos humanitarios y la salida política continúan vigentes"..."serán confluencia y generarán esfuerzo mancomunado por lograr la paz "
La declaración concluye saludando el 44° aniversario del grupo rebelde con un "sentido homenaje a Manuel Marulanda".
"Ante el altar de la patria juramos vencer", finaliza el discurso.
La confirmación por parte del alto mando de las FARC se da un día después de que el ministro de Defensa colombiano, el conservador Juan Manuel Santos, adelantara en una entrevista con la revista Semana, que por informaciones de inteligencia, el Gobierno conocía que el líder histórico de este grupo armado había muerto de un paro cardíaco el pasado 26 de marzo, según la versión de la guerrilla.
TeleSUR
Falleció el guerrillero mas viejo del mundo, líder de la FARC
RETORNAMOS A NUESTRAS TIERRAS, DE LAS QUE NO NOS DEJAREMOS DESPLAZAR
(Autor: Cahucopana)
El pasado sábado 17 de mayo las comunidades campesinas del Nordeste Antioqueño y Sur de Bolívar que se encontraban en campamento de refugio humanitario en la Universidad de la Paz en Barrancabermeja iniciaron el retorno a sus tierras después de transcurrir tres meses donde sufrieron las inclemencias de la ciudad y el abandono de las autoridades estatales, viviendo en hacinamiento y pasando necesidades alimentarías y sanitarias.
Los campesinos vieron llegar el día que tanto esperaron: aquel momento donde se reencontraran con sus tierras, sus animales y los pocos cultivos que hayan podido mantenerse mientras su ausencia. Pero lo que más anhelaban era encontrarse con parte de su familia que por dadas las condiciones no se pudieron sumar a ellos para formar parte del campamento de refugio humanitario.
Fue un proceso dispendioso por el que pasaron los campesinos, entre ellos mujeres niños y hombres que, como civiles, no hacen parte del conflicto armado, pero que se ven afectados porque son señalados, asesinados, judicializados y viven con la incertidumbre de perder lo poco que tienen en su campo. Por eso, se ven en la necesidad de buscar activamente soluciones para salvaguardar sus vidas.
Durante todo este periodo de refugio, el campesinado enfrentó muchas desavenencias que junto con los lideres de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC) y de Cahucopana luchaban por ser escuchados, y para que el estado colombiano volteara su mirada pero no para acusarlos o quitarle sus tierras, sino para que se enterara de la crisis humanitaria de la región y tomara acciones concretas para solucionarla.
Fueron varias las reuniones en las que la ACVC y Cahucopana estuvieron acompañadas por diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos, donde se realizaron diferentes peticiones al estado colombiano, entre ellas nombrar un defensor rural que haga presencia permanente en la región con el fin de verificar la situación de derechos humanos, el reconocimiento político y garantías de protección a las organizaciones campesinas, levantamiento de la suspensión de la zona de reserva campesina, alternativas a las fumigaciones, inversión social que genere condiciones de vida digna para el campesinado del Magdalena Medio, y el acompañamiento permanente a las comunidades campesinas.
Viendo que se empiezan a generas estos acuerdos y garantías, tomamos la decisión de retornar a nuestras tierras, pero esperamos que sean cumplidos estos acuerdos y así no tener que volver a sacrificarnos, pues no importa pasar por toda clase de dificultades en un próximo éxodo campesino para continuar en la defensa de nuestro territorio y de una vida digna.
Como organizaciones campesinas nos sentimos con fuerzas de seguir luchando por nuestros derechos, nos alegra el poder retornar a nuestras tierras, de donde nunca hemos querido salir y de donde no permitiremos que nos desplacen. Agradecemos a todas las organizaciones acompañantes en este proceso, su gran voluntad de trabajo y disposición. Agradecemos la voluntad de los alcaldes municipales y esperamos les den la facultad de proceder.
EL GOBIERNO INCUMPLE ACUERDOS FRENTE A LA MASACRE DEL NILO
Onic)
Entre el 21 de Diciembre de 1991, 5 días después de cometida la masacre y el 13 de Septiembre de 2005, se celebraron 13 Acuerdos en los que el Estado Colombiano, a través de diferentes instancias y Gobiernos se compromete con reparar de manera individual y colectiva a las víctimas y al pueblo Nasa del Norte del Cauca. Estos acuerdos incluyen la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contenida en el informe de esta entidad fechado el 13 de Abril de 2000 en el que recomienda al Estado cumplir con los compromisos relativos a esta reparación integral. Es importante recordar que nos fue necesario recurrir a la CIDH una vez agotadas todas las instancias Nacionales sin poder lograr justicia y ante el asesinato de abogados, jueces y testigos.
El Estado Colombiano reconoció internacionalmente su responsabilidad por la Masacre del Nilo y se comprometió a cumplir con las recomendaciones de la CIDH, en materia de Justicia, Reparación Individual y Colectiva. El propio Presidente Ernesto Samper pidió perdón públicamente a nombre del Estado Colombiano a las victimas de esta masacre, a sus familiares y al pueblo Nasa.
La reparación individual consiste en la indemnización a los familiares de las víctimas y la colectiva en adquirir 15.663 hectáreas y el apoyo al Plan de Vida para disminuir el 78% de necesidades básicas insatisfechas, además de programas de desarrollo económico y social coherentes con la autodeterminación del pueblo Nasa.
El actual Gobierno se comprometió el 13 de Septiembre de 2005 a través del último acuerdo, a dar cumplimiento a todas las obligaciones pendientes en un plazo máximo de dos años. Hoy, 19 de Mayo de 2008, no ha cumplido. Además de dilatar con maniobras administrativas y trámites burocráticos, el Gobierno ha desinformado a la opinión pública manifestando contra toda evidencia haber cumplido y ha puesto en marcha estrategias para generar conflicto entre comunidades indígenas, afro colombianas y campesinas que utiliza como excusa para no cumplir con sus obligaciones. Peor aun, ha promulgado el Estatuto Rural y tomado otras medidas administrativas que, de hecho, invalidan los acuerdos y compromisos adquiridos. Ha lanzado una campaña de difamación y propaganda contra los pueblos indígenas para negarnos el derecho a la reparación y a nuestros territorios. Finalmente el 15 de Marzo de 2008, durante un Consejo Comunitario en Popayán, el Presidente Uribe ofrece recompensas por los indígenas que realicen acciones de hecho para hacer cumplir los acuerdos y compromisos. Mientras actúa de esta manera contra el pueblo Nasa, concede derechos territoriales a multinacionales a paramilitares y terratenientes.
Hoy cerca de 18 años después de la masacre no se ha cumplido con la indemnización a los familiares de las víctimas, no se ha terminado de adquirir las 15.663 hectáreas y no ha iniciado el apoyo al plan de vida que permita resolver NBI en el marco de autodeterminación, según artículos constitucionales y convenios internacionales. Lo más grave es que no se ha judicializado y se protege a los responsables de la masacre.
Lo que ha sucedido es todo lo contrario de lo acordado. Por ejemplo: la masacre del Naya con más de 100 víctimas en el año 2001, la masacre de 13 indígenas en la vereda Gualanday municipio de Corinto en el año 2001, la masacre de 7 indígenas en la vereda San Pedro municipio de Santander de Quilichao en el 2001. Han sido asesinados tres indígenas a partir de la firma del último acuerdo durante acciones de la Fuerza Pública para reprimir movilizaciones reclamando el cumplimiento de estos acuerdos. Han ocurrido un gran número de desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, desplazamientos. Todos estos hechos criminales han ocurrido dentro del área donde debía realizarse la reparación integral al pueblo Nasa del Norte del Departamento del Cauca, historia que se repite tristemente a lo largo y ancho del territorio Colombiano.
Hemos persistido más allá de todos los límites razonables y justos, con enorme paciencia, en buscar salidas prácticas a los acuerdos y en encontrar alternativas viables. La actitud de los delegados del Gobierno que hemos constatado en estas reuniones es siempre la misma: dilatar, prometer y no dar pasos concretos para cumplir. No existe, a la fecha un estudio serio, técnicamente elaborado para realizar un plan operativo integral en función del cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH lo que impide una efectiva apropiación presupuestal para la realización de la reparación integral frente al daño causado por la masacre del Nilo. En el ámbito local de los municipios del Norte del Cauca, una vez se identificaron predios apropiados para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas, se desarrollan toda clase de estratagemas y excusas para impedir su compra. Estas van desde amenazas a los propietarios que deciden vender, presentación de objeciones argumentando que estos predios son de interés de campesinos y afro descendientes hasta la creación de impedimentos basados en los Planes de Ordenamiento Territorial y megaproyectos de interés de multinacionales con presencia en la zona. Contrario a la evidencia de los hechos, los funcionarios delegados insisten en manifestar la voluntad política del gobierno de cumplir. Mientras tanto, al más alto nivel se expresa como política de Estado la decisión de no cumplir, de no entregar "un sólo centímetro mas de tierra a los indígenas" y de proteger terratenientes, paramilitares y megaproyectos. Desarrollan además una campaña destinada estigmatizar la organización indígena acusándonos de terroristas y aliados de la guerrilla.
El gobierno tiene como política los proyectos de las transnacionales ya que mientras incumple con las comunidades, aprueba leyes que les facilitan la apropiación de recursos de la naturaleza y estas ingresan a nuestro territorio respaldadas por la fuerza pública, a la vez que llegan paramilitares denominados las águilas negras. Hay quienes instigan a campesinos y afro descendientes a ocupar predios indígenas para fomentar un conflicto entre despojados que encubra la intención de incumplimiento por parte del Estado.
El Gobierno de Colombia viene implementando la Fase II del Plan Colombia en nuestro territorio, desarrolla una política Nacional de despojo territorial al servicio de intereses privados y ha perdido legitimidad y credibilidad no sólo porque no cumple con la palabra reiteradamente comprometida sino que además esta seriamente cuestionado por sus vínculos criminales.
En este contexto, las autoridades tradicionales responsabilizamos al Gobierno Nacional de lo que le pueda suceder a las comunidades indígenas por causa del incumplimiento de los acuerdos realizados, por no tener compromiso con la reparación integral a las víctimas, por dilatar las negociaciones para beneficiar a las transnacionales negándose a realizar una efectiva reforma agraria que de hecho resolvería el problema de indígenas, campesinos y afro descendientes, por promover el terror, el despojo y la violencia, por engañar a la opinión pública y difamarnos y por implementar planes integrales cuyo objetivo definitivo es destruir nuestros procesos y territorios.
Una Comisión Garante de la que hace parte el Juez Baltasar Garzón del Centro para la Paz de Toledo, ha sido testigo de estos hechos y respalda nuestra verdad.
El Gobierno Colombiano no cumple con los acuerdos adquiridos porque su política va dirigida a ocupar nuestros territorios y destruir nuestro Plan de Vida. Ante esta realidad y como defensores y promotores de la Vida, debemos resistir y llamamos a la humanidad a que nos acompañen en esta lucha desigual. Somos víctimas dignas. Somos defensores del Cxab Wala Kiwe (Territorio del Gran Pueblo). Nuestro proceso es un patrimonio de la Vida y de Toda la Humanidad. La tierra es nuestra Madre y por defenderla y reclamarla debemos decir la verdad y convocar a la resistencia y a la justicia.
Comunicado ante la Opinion Publica del PCC
Bogotá (PCC). La Fiscalía ha pedido abrir investigaciones con base en informaciones de la policía judicial, contra los parlamentarios Gloria Inés Ramírez, Wilson Borja, el Director del Semanario Voz Carlos Lozano y otros integrantes del Polo Democrático Alternativo. Comprende también a la senadora liberal Piedad Córdoba y a un núcleo de personalidades, periodistas y corresponsales de prensa.
De tiempo atrás el gobierno ha anunciado medidas y lanzado acusaciones, sin fundamento y sin aportar pruebas, contra miembros de la oposición política, pretendiendo asimilar todo criterio y rumbo diferente al del gobierno como guerrillero, llegando al colmo de calificar las manifestaciones de defensa de los derechos de las víctimas del paramilitarismo como marchas organizadas por la insurgencia. La direccionalidad política de judicializar a dirigentes y activistas de la oposición democrática y social al gobierno y al régimen se corrobora en la filtración ilegal de información parcial y seleccionada de los supuestos contenidos del computador por intermedio de la prensa nacional e internacional.
El país conoce el accionar público de los dirigentes del Polo Democrático Alternativo y de la Senadora Córdoba en pos de la búsqueda de los acuerdos humanitarios y de la lucha por la paz, por encargo del propio gobierno o como integrantes o delegados de las comisiones de Paz del Congreso de la República.
Todo indica que nos encontramos en el comienzo de un juicio político que el presidente de la República pretende asimilar extemporáneamente a su peculiar justificación del genocidio contra la Unión Patriótica. Con sobrada razón existen temores de que se esté dando inicio a una cacería de brujas que oculte y encubra los procesos contra los aliados narco-paramilitares del Gobierno y las demás investigaciones que buscan sacar a la luz los actos de corrupción que se presentaron en el proceso de aprobación de la reelección presidencial. Seguramente se trata de una operación oficial que está comenzando.
En consecuencia, las fuerzas democráticas deben ponerse en alerta frente a las medidas de judicialización dirigidas a golpear y silenciar al Polo Democrático Alternativo e inmovilizar la lucha de los trabajadores y del pueblo por sus derechos y en contra de los crímenes cometidos contra los dirigentes sindicales y populares.
Es justo reclamar de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación obrar dentro de las garantías constitucionales, la presunción de inocencia y el debido proceso.
Los medios de comunicación deben comprender la gravedad de su responsabilidad en el desarrollo del proceso político contra la izquierda. Sólo en las dictaduras se han conocido juicios de esta clase.
El Partido Comunista Colombiano hace un llamado a todos los sectores concientes y avanzados para enfrentar unidos la maniobra del régimen y hacer valer las libertades y derechos democráticos. Les hace un llamado a pronunciarse y a expresar su solidaridad y acompañamiento a los dirigentes de la lucha democrática, a quienes se pretende judicializar por sus ideas y actuaciones políticas.
COMITÉ EJECUTIVO CENTRAL
PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO
Bogotá, mayo 23 de 2008
Uribe intenta juzgar a todos sus opositores
Bogotá, mayo 24 (VOZ-PCC). Todo indica que el presidente Álvaro Uribe Vélez quiere judicializar a sus opositores con el pretexto de supuestos vínculos con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias –FARC-, aseguró Jaime Caycedo Turriago, Secretario General del Partido Comunista Colombiano –PCC- y miembro de la dirección ejecutiva nacional del Polo Democrático Alternativo. Precisó que una situación como esa no ocurre en los regímenes democráticos, sino en las más oprobiosas dictaduras militares donde imperó el fascismo.
La declaración de Jaime Caycedo, quien actúa como segundo vicepresidente del concejo de la capital colombiana, tiene que ver con el anuncio de la investigación sobre la supuesta relación de varios parlamentarios, políticos, periodistas, representantes de ONG con las insurgentes FARC. El dirigente de izquierda admitió que la dirección del Partido Comunista se encuentra a la expectativa de saber cuales son los fundamentos de las acusaciones de los cuerpos investigativos.
“Es muy extraño todo esto, sobre todo cuando observamos que se investiga a quienes han hecho muchos esfuerzos por el acuerdo humanitario que permita que personas privadas de la libertad vuelvan a sus hogares, además de muchas acciones para avanzar en acercamientos para alcanzar la paz por vías negociadas entre los representantes del gobierno y las FARC”, señaló. Caycedo dijo que esta era una situación que se veía venir y que tiene una larga preparación por parte de los organismos de inteligencia del estado. “El ministro de defensa, Juan Manuel Santos y el propio presidente Álvaro Uribe Vélez han señalado a varias de estas personalidades, por anticipado, como terroristas” indicó.
La Fiscalía General de Colombia reveló este jueves 22 de mayo una lista de personajes públicos que estarían involucrados en el fenómeno catalogado como Farcpolítica, es decir, presunta vinculación con el grupos alzado en armas. El organismo investigador compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue a los congresistas Piedad Córdoba (Partido Liberal), Wilson Borja y Gloria Inés Ramírez (Polo Democrático Alternativo) por material encontrado en los computadores de 'Raúl Reyes', cuya autenticidad y veracidad ha sido duramente cuestionada. Entre las otras personas que serán investigadas se encuentran los periodistas William Parra, Canal Telesur y Carlos Lozano, director del Semanario Voz, al ex candidato presidencial conservador Álvaro Leyva Durán y a Lázaro Viveros, ex Asesor de paz del presidente Andrés Pastrana Arango. Además se ordenó investigar a cuatro extranjeros: los ecuatorianos María Augusta Calle e Iván Larrea, el venezolano Amilcar Figueroa y el profesor norteamericano James Jones.
PCC reclama objetividad y plenas garantías
Jaime Caycedo Turriago, Secretario General del Partido Comunista Colombiano –PCC- comentó que las cortes y la Fiscalía General de Colombia no tienen que estar sometidas a esa actitud y pretensión del ejecutivo nacional y es por eso que reclaman de estos organismos adelantar el estudio objetivo y con plenas garantías para un total esclarecimiento de la situación.
El dirigente revolucionario hizo un llamado a la unión de los sectores demócratas, revolucionarios y progresistas del país para impedir que este proceso político pueda convertirse en una “cacería de brujas” o una reedición de lo sucedido con el Partido Unión Patriótica, el cual fue víctima del mas terrible genocidio político.
"Una cortina de Humo de Uribe para tapar la Parapolitica"- Piedad Cordoba
El Tiempo
En medio de aplausos, la senadora respondió desde la Universidad Santiago de Cali al anuncio de la investigación sobre la supuesta relación de varios políticos con las Farc.
La senadora dijo que "ante un gobierno mafioso, que es capaz de extraditar a sus antiguos socios y llegar a no reparar nada a sus cientos de víctimas, se puede esperar cualquier cosa".
"Tengo la tranquilidad de ser llevada al juez natural que es la Corte y esperaré con responsabilidad lo que me corresponde responder en las tareas que he asumido como facilitadora del Acuerdo Humanitario, no solo por el apoyo de familiares de los secuestrados, sino por convicción personal", dijo.
Anotó que "vamos a seguir en ese trabajo porque esta estrategia busca inmovilizarnos y tender una cortina de humo sobre la porquería de la parapolítica y la 'yidispolítica', Todo promovido por quienes están vinculados a un régimen mafioso".
La dirigente anunció que seguirá trabajando en la búsqueda de un Acuerdo Humanitario. "Más que nunca porque soy bolivariana y la estrategia es confundir para que nos sigan llevando a la guerra a través de mentiras".
Señaló que se ha reunido con distintos sectores en esa búsqueda y que tiene la convicción de que son temas que le competen a América Latina y las Farc deben entender que el páís pide las liberaciones unilaterales.
CALI
Unión Europea Condena Los Asesinatos de Lideres y Miembros de organizaciones contrarias a Uribe
Bogotá, mayo 19 (EFE). Cinco líderes y miembros de asociaciones implicadas con los programas de la Unión Europea (UE) en Colombia han sido asesinados desde el pasado 18 de febrero, denuncia el bloque.
Además, varios grupos apoyados por la UE han recibido mensajes por correo electrónico en los que tanto las organizaciones como los dirigentes comunitarios y religiosos implicados en esos proyectos son designados "objetivo militar" por grupos armados ilegales.
"Organizaciones que han cooperado estrechamente con la Unión Europea en Colombia durante muchos años no han escapado a esta última ola de amenazas de intimidación", señala el comunicado. Esos líderes locales, agrega, realizan "esfuerzos legítimos para construir la paz en Colombia y defender y promover los derechos humanos en el país".
La UE está "preocupada" por la emergencia de grupos criminales que están aprovechando el vacío dejado por los paramilitares de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y ocupando las "estructuras ilegales de control territorial" que establecieron antes de su desmovilización.
El comunicado añade que que ya se ha manifestado esta inquietud a las autoridades de Colombia.
Carta abierta al Presidente Hugo Rafael Chavez Frias
"Comandante Chavez la Comunidad Refugiada en la República Bolivariana de Venezuela invocando a su gran Magnanimidad,le pide urgentemente MISIÓN REFUGIO"
Informe de FUNAR
Parece absurdo que todavía existan en nuestra América, con todos los avances de nuestras democracias, las riquezas de nuestros pueblos y el despertar de las conciencias, dos países de América Latina lamentablemente ocupan sitiales no de honor sino de vergüenza ante el mundo, HAITI, como el segundo país, en en donde existe mas miseria en el mundo, y COLOMBIA la cual ocupa el segundo lugar en el mundo como la nación que mas desplazado genera debido a la peor crisis humanitaria en medio del conflicto interno, y en el cual el mayor responsable sigue siendo el Estado por ser el principal promotor de los abusos y violaciones a los Derechos Humanos y quien debe velar por que respeten las garantías a la vida de la población mas vulnerable.
Según el informe anual patrocinado por las (ONU) y realizado por el Consejo Noruego para los Refugiados, (CNR), más de 26 millones de personas fueron desplazadas de sus hogares dentro de sus propios países en todo el mundo.
Esta es la cifra más alta desde 1993, año en el que los conflictos de desmembramiento de la ex Yugoslavia y la ex Unión Soviética generaron un número récord de desplazados.
Los conflictos armados, los desastres naturales y la falta de alimentos son las principales razones que provocan el movimiento obligado de personas.
Número en aumento
En 2007 los tres países más afectados por esta situación fueron Sudán, con 5,8 millones;Colombia, con cerca de 4 millones; e Irak, con 2,5 millones de personas. De un total de 52 naciones con conflictos, los tres países sumaron casi el 50% de número de desplazados.El número de personas que tuvieron que abandonar sus hogares en su país superó los 26 millones en 2007, según un informe divulgado este jueves por el Centro de Control de Desplazamientos Internos (IDMC, siglas en inglés).
Aparte de Colombia, tres otros países de América Latina son mencionados en el informe. Perú, con 150.000 desplazados internos; México con 5.500; y Guatemala, con una cantidad indeterminada.
Sin embargo, de las cuatro naciones, sólo se señala a Colombia como un país en donde el número de desplazados se mantiene en aumento.
Crítica a los gobiernos
CNR critica en su informe a los gobiernos, argumentando que son los responsables del bienestar de sus ciudadanos
"Muchos gobiernos nacionales en 2007 no tenían la voluntad o fueron incapaces de evitar que se obligue a ciudadanos a abandonar sus casas", dijo la secretaria general del CNR, Elisabeth Rasmusson.
Asimismo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Antonio Gutierres, dijo al presentar el informe que los desplazados internos tenían que enfrentar la "reticencia o incapacidad" de algunos gobiernos para proporcionarles protección y asistencia.
La CNR hizo un llamado para que se realicen los esfuerzos 
diplomáticos de la comunidad internacional para desarrollar programas de ayuda a los desplazados internos.
Los desplazados deben hacer frente en muchos casos a nuevos ataques armados como los que les hicieron abandonar sus lugares de residencia, así como al hambre, enfermedades o falta de un refugio apropiado.
Esa cifra de desplazados por la violencia y conflictos armados es la más alta desde principios de la década de los 90, señaló el organismo, dependiente del Consejo Noruego de Refugiados y que presentó el informe bajo los auspicios de la alta comisaría de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Venezuela se ha convertido en la actualidad en el país que ha recibido el mayor número de desplazados colombianos como resultado del conflicto armado que vive ese país fronterizo, siendo este pais el que mas aloja ciudanadano provenientes de colombia
Asimismo señaló que ven "con mucha preocupación como la comunidad colombiana, hoy en Venezuela, está alrededor de los 4 millones 186 mil hombres y mujeres que hemos abandonado nuestra geografía nacional buscando un mejor vivir y protegiéndonos del conflicto colombiano".
"en el año 2007 obtuvimos una cifra alrededor de los 82 mil colombianos que ingresaron a Venezuela y que no retornaron a su país. Esto da un indicador diario de 230, una cifra considerable teniendo en cuenta que Venezuela hoy está albergando el mayor número de colombianos en el mundo, expulsados por el conflicto en la vecina nación".Tanus
Refugiados en ECUADOR
de los 750 mil colombianos que viven en Ecuador sólo 80 mil están en la legalidad; los demás son refugiados o desplazados.
"Legales en el Ecuador hay unos 80.000 colombianos", aseveró Guillermo Rovayo, del (SJRM, institución que se dedica a la atención de los refugiados y desplazados en el vecino país.
Rovayo está en Bogotá en su calidad de director ejecutivo del SJRM para asistir al IV Seminario Internacional de Desplazamiento, organizado en la capital del país desde el jueves y hasta el sábado por grupos como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
Rovayo explicó que a pesar de lo pequeña que es la frontera con Ecuador, 364 kilómetros, con tres pasos legales, existen, según el Ejército, "230 pasos fronterizos irregulares", que son usados por colombianos para ingresar a territorio ecuatoriano.
Entre Colombia y Ecuador hay un acuerdo binacional que permite a los ciudadanos transitar libremente en una franja de 50 kilómetros de cada lado de la frontera, "sólo con la presencia de la cédula de identidad".
Sin embargo, para viajar más adentro de Ecuador se exige la llamada "tarjeta andina de migración" que da derecho a 90 días de permanencia, prorrogable por otros 90 días, dijo Rovayo.
El miembro de SJRM agregó que en uno de los barrios más grandes de Quito, con unos cien mil habitantes, se quiso hacer una especie de censo de colombianos y se encontró que allí viven unos 20 mil. "El 20 por ciento son colombianos y de ellos más del 75 por ciento no tenían papeles, pero a la población no le interesaba que no tuviera papeles porque eran vecinos de vieja data".
Rovayo se mostró preocupado por la gravedad del subregistro de esa población colombiana, por lo que organizaciones civiles le pidieron a la Asamblea Constituyente incluir en la nueva carta magna una disposición transitoria de amnistía migratoria para la población colombiana y peruana residente en Ecuador.
Asimismo, el funcionario explicó que la propuesta permitiría "generar un registro, sin temores de la población de que vaya a ser deportada" y se sabría exactamente la cantidad de ciudadanos "y poder establecer políticas públicas en el Ecuador con respecto a la situación colombiana".
Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el estado ecuatoriano destina 32 millones de dólares anuales para atender a los desplazados.
"Una cifra que pareciera ser muy alta", dijo. "Divida esa cifra tan solo en la población que está registrada como refugiada, significa que tienen alrededor de 200 dólares anuales (para cada desplazado), en un país donde la canasta básica es de 450 dólares mensuales".
COMANDANTE CHAVEZ ESCUCHE NUESTRO CLAMOR
Comandante Chavez quien escribe esta petición conoce de cerca el duro drama diario del vivir huyendo de las amenazas, la persecución, el sufrimiento, la discriminación. Solicité refugio en la República Bolivariana de Venezuela cuando fui victima de un atentado criminal de grupos paramilitares, soy desmovilizado de una organizacion subversiva de finales de los 80/ que mas bien fue politica que militar la (CRS). No sabe usted cuanto añoro la brisa del mar de mi Santa Marta, sus calles coloniales, mi Patrimonio , mi Familia mis Compañeros.
Vene
zuela es el pais que mas ha brindado asistencia a la comunidad de desplazados provenientes de otros lugares del mundo, es el primer pais que crea una ley organica del refugiado (LORRA) y les abre sus puertas sin ningún prejuicio, sin embargo no es suficiente; cada día aumentan las cifras de refugiados hacia el Ecuador y Venezuela colocándonos en una situación de emergencia, somos una población vulnerable ante situaciones de riesgo y en donde mas sufren las mujeres, los ancianos y los niños, los niños de nuestra patria. Señor Presidente, compañero al cual admiro tanto como a mi padre, la ACNUR que es la encargada por la ONU de cubrir las necesidades y de hacer valer los derechos de los refugiados solo cubre con una modica suma de 190 B/F, por tan solo tres meses, imaginese usted comandante cuando son familias numerosas que no tienen ninguna persona que los ampare y lo mas grave un "sitio "señor presidente un sitio donde pasar las noches del frió y el asecho de la oscuridad.Comandante Chavez nosotros la comunidad refugiada en la República Bolivariana de Venezuela, creemos y apoyamos todas sus políticas y acciones. Le pedimos con toda nuestra alma que se cree la MISION REFUGIO y que pueda en lo mas minimo cubrir las necesidades de mis compatriotas que hoy duermen en las calles. Existen edificaciones abandonadas por sus dueños y en algunos casos tomadas por mafias contrarevolucionarias, haga lo posible comandante amigo de que se estudie la posibilidad legal, de que algunas de esas edificaciones sean destinadas para que puedan dormir los refugiados venidos de otras latitudes y en expecial los hijos del libertador.
Asesinato de Julio Cesar Molina genera pronunciamiento de organizaciones internacionales
En un comunicado conjunto, ACNUR y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos repudiaron el hecho y pidieron acciones urgentes de la justicia. Luego de las denuncias hechas por CODHES en su página web y difundidas por medios nacionales e internacionales sobre las causas del asesinato del líder social del Valle, Julio Molina, el ACNUR y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, emitieron un comunicado conjunto en el que repudian el hecho. En el texto aseguran que “ El asesinato del señor Molina ocurre en un contexto de amenazas contra varios líderes de población desplazada en el Valle del Cauca y en otras regiones del país como retaliación por su labor como capacitadotes de las víctimas sobre sus derechos de reparación”. Las dos entidades internacionales manifiestan su gran preocupación por las deficientes condiciones de seguridad que presta el Estado a los defensores de derechos humanos. “ La protección de los derechos a la vida, la integridad y la seguridad de las personas desplazadas es una condición indispensable para lograr el impacto deseado de los esfuerzos que se realizan para proteger los derechos de estas personas”. ACNUR y la OACNUDH manifestaron que confían en las investigaciones que realicen las autoridades para esclarecer el caso de Julio Cesar Molina y recalcaron en la necesidad de que en Ansermanuevo, Valle la Policía redoble los esfuerzos para proteger a las familias que se encuentran amenazadas tras la muerte del líder social. Finalmente recordaron que “ la recuperación del acceso a las tierras de las personas desplazadas, incluida la restitución de las que eran sus propias tierras, es uno de los retos más importantes de la política frente al desplazamiento .